El shock covid-19: una oportunidad para el consumo sostenible y justo
El autor aboga por la economía social y solidaria para hacer frente a los efectos de la pandemia
Lo que las campañas del movimiento de comercio justo y las noticias alarmantes sobre el impacto cambio climático no habían conseguido, lo podría haber conseguido la covid-19 en un abrir y cerrar de ojos.
Y es que las medidas de confinamiento tomadas por los gobiernos para limitar el impacto del virus, nos han (¡o deberían haber!) hecho por fin abrir los ojos.
Sobre lo infravaloradas que están algunas profesiones esenciales y sobre la precariedad que vive una gran parte del personal sanitario. Pero también deberían abrirnos los ojos sobre lo mucho que dependemos de los agricultores y trabajadores que siembran, producen, transportan y venden los productos con los que nos alimentamos o vestimos. Y lo mucho que necesitamos que ellos lo puedan hacer en buenas condiciones.
En el contexto de las medidas que están anunciado gobiernos alrededor del mundo, las recomendaciones del movimiento del comercio a los gobiernos se estructuran en tres pilares: proteger, reactivar y rediseñar.
Primero de todo, es esencial que los trabajadores y agricultores trabajen solamente si lo pueden hacer en condiciones que garanticen su salud, con material protector adecuado. Cuando no sea posible, los Estados deberían garantizar unos ingresos mínimos para evitar que estas personas, temporalmente inactivas, caigan en la pobreza.
En segundo lugar, siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud, se debería permitir reanudar cuanto antes las actividades de producción, transporte y venta de productos, tanto a escala nacional como internacional. Hay un gran número de familias que dependen de ello para sobrevivir.
En el contexto de reactivación de la economía, varios gobiernos están ofreciendo paquetes de ayuda a grandes empresas. No caigamos en el error de dar un cheque en blanco a las compañías, como el que recibieron los bancos tras la crisis financiera del año 2008. No deberíamos tolerar que se utilice dinero público para apoyar a empresas que utilizan paraísos fiscales para pagar menos impuestos o que continúan contaminando sin poner en marcha un plan serio de reducción de emisiones de carbono. Para más inri, varias organizaciones de la sociedad civil han sacado a la luz que, tras la llegada de la crisis covid-19, varias multinacionales del sector textil han anulado unilateralmente contratos que ya habían firmado con productoras locales, principalmente en Asia, las cuales han acabado por despedir a millares de empleados, dejándoles sin ingreso alguno.
Estas empresas irresponsables no merecen apoyo alguno por parte de los gobiernos. Por lo tanto, es necesario que las ayudas se condicionen también al compromiso de tener un sistema de debida diligencia para minimizar el riesgo de que cometan prácticas comerciales desleales que acabarían resultando en violaciones de derechos humanos. Si se demuestra a posteriori que esas compañías han cometido prácticas comerciales injustas, tal como las define la Directiva europea sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario adoptada el año pasado, las compañías deberían devolver el dinero que se les ha prestado.